Foto Gabriela Hernández
Un nuevo puerto que se anunció como el mayor emprendimiento zonal desde la desaparición de los frigoríficos Swift y Armour se levanta con la promesa de una reactivación económica y laboral. La transformación de la zona es un hecho y las irregularidades del proceso también. ONGs, abogados y especialistas en medio ambiente denuncian que se controla poco y se informa menos. Que la obra podría haberse hecho de otra forma y que el nuevo puerto es parte de un proyecto continental para eliminar las “barreras naturales” al capitalismo.
Por Matías Ortega, Daiana Melón y Josefina Garzillo
Notas relacionadas
- Que lo diga el río, por Juan Bautista Duizeide
- Es necesario hacer algo, por Marcelo Landi
- Una aventura con antecedentes
- La nueva cara del colonialismo
El río tiene una sabiduría y un equilibrio propios: todo lo que se lleva también lo trae. Así opina Marcos Marini, que habita el monte ribereño y conoce los beneficios del cauce natural de las aguas. Como isleño, le ha tocado resistir la inclemencia de las sudestadas y sabe que, a pesar de la fuerza de la naturaleza, la cosecha siguiente siempre es fructífera porque el suelo se enriquece y no hace falta agregar ningún tipo de nutriente.
Pero las cosas han cambiado para los productores familiares del delta del Río Santiago. “Ahora un relleno de cuatro metros atraviesa totalmente nuestra forma de vivir y producir —lamenta Marini—. El impacto ambiental y cultural que están generando las obras de dragado en el río es irreversible”.
Se refiere a la megaobra que el gobierno provincial puso en marcha en Berisso con la promesa de “reactivación de la industria naviera, reposicionamiento estratégico del puerto e impulso del comercio exterior”. Los cambios fueron rápidos y bruscos, con la prepotencia de una topadora, cuenta Marini. “Uno de los productores, Gerardo Dawidiuck, nos avisó que estaban abriendo una calle pasando por arriba de dos quintas. Eso fue en noviembre de 2011. A los dos meses vimos que llegaban máquinas que rompían todo a su paso”.
La empresa responsable del dragado es Pentamar S.A, contratada por TecPlata S.A., firma que lleva adelante la obra del puerto después de haber recibido la licitación “sin audiencia pública ni consulta a la comunidad”. Como integrante de la asamblea Salvemos al Monte, de Berisso, Marini asegura que estas corporaciones sabían que tenían que actuar rápido, “en verano, cuando no hay nadie, ni un funcionario. Pero sí estábamos nosotros —distingue—: en el monte no hay vacaciones”.
En la actualidad, el consorcio del Puerto otorga permisos de uso, a cambio del cobro de un canon. “Desde que se creó ha actuado como dueño, desconociendo leyes nacionales, provinciales y locales que protegen la zona”, agrega.
La asamblea está integrada por productores de la cooperativa del vino de la costa, la asociación de productores familiares Isla Paulino, vecinos de Berisso, profesionales y estudiantes de las universidades de La Plata y Buenos Aires, las fundaciones Biósfera y Agronegocios, la ONG Nuevo Ambiente, la organización Ala Plástica y otras del ámbito nacional. Desde que se puso en marcha la obra, la tarea principal de Salvemos al Monte es acercar a la comunidad la información que gobierno y empresas “dan a cuentagotas, después de largos pedidos de informes”.
Casi todas las fuentes consultadas por La Pulseada manifiestan desconocer el texto definitivo del proyecto. El biólogo especialista en evaluación ambiental de grandes obras de infraestructura Marcelo Somenson afirma que “el proyecto y el estudio de impacto ambiental tuvieron poca difusión. La asamblea Defensa del Monte Ribereño tuvo acceso gracias a un pedido de informes elevado al Defensor del Pueblo”.
Somenson, que participó con dicha asamblea en actividades culturales por la defensa del monte y acompañó como especialista a la fundación Nuevo Ambiente en la causa judicial iniciada para preservar el paisaje protegido, agrega: “La obra de dragado se encuentra muy avanzada. Posiblemente se haya perdido de forma irreversible una superficie que estimo en un 20% del paisaje protegido”.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es la autoridad encargada de velar por la preservación ambiental bonaerense. Después de analizar el estudio de impacto ambiental aprobado por el OPDS, Somenson evalúa que éste “ha sido completamente elaborado por un ingeniero mecánico con especialización en Higiene y Seguridad, lo que resulta claramente insuficiente para un estudio de estas características”. A la vez, señala que la autoridad de aplicación ambiental “no exigió que se realice un análisis de alternativas de disposición final o aprovechamiento de los barros generados por el dragado, como se hizo en otras grandes obras con generación de grandes volúmenes de barros, como el caso de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los barros fueron aprovechados para el relleno de canteras de suelo abandonadas”.
Horacio Beláustegui, desde la fundación Biósfera, y Marini, de Salvemos al Monte, coinciden en que el fondo de la cuestión es que existe un plan de desarrollo inmobiliario privado que podría tener vía libre a partir de la cementación del monte.
Promesa y deforestación
Tan significativa es la “inversión privada” en materia portuaria para el gobierno provincial que sucesivamente desde 2007 merece párrafos aparte en los discursos de Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa, ocasión en la que el funcionario marca los puntos centrales de su gestión.
En las últimas tres asambleas, el gobernador le dedicó elogios al proyecto de la terminal de contenedores en el Puerto La Plata. Ante los legisladores, al abrir el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura en marzo de este año, dijo que se tratará de “la obra portuaria más importante del país con una inversión privada de 400 millones de dólares”, y “un imán de inversiones para la región”.
También mencionó que el proyecto “posibilitará el ingreso de embarcaciones de mayor porte” y “generará más de 3.000 puestos de trabajo directo e indirecto”. Y no ahorró adjetivos cuando calificó de “revolucionarias” las obras viales que complementan este proyecto, como el tercer carril en la autopista Buenos Aires-La Plata.
Marini entiende que la promesa del trabajo “es una mentira contra la gente, que aún tiene la idea del puerto del siglo pasado, con fábricas e industrias que tomaban mano de obra”. En cambio, plantea, “éste es un proyecto de corte netamente capitalista donde TecPlata gana y nosotros vamos a terminar poniendo kioscos, parripollos y gomerías a su servicio después de que nos destruyan el territorio”.
En la Legislatura se denunciaron varias irregularidades vinculadas a esta megaobra: el primer llamado de atención data de 2008, cuando desde bloques opositores se alertaba sobre el convenio para la concesión de uso de la cabecera Río Santiago Este, suscripto con TecPlata S.A.
A pesar de que el gobierno provincial logró el aval del acuerdo, hay un pedido de informes que dejó sentados estos reclamos. El texto recuerda que la concesión se realizó sin haber llamado a una licitación pública ni contar con el acuerdo de conformidad previa de la Contaduría General, la Asesoría General y el Fiscal de Estado (que luego rechazó el acuerdo firmado por la administración de Scioli).
El pedido de informes cuestiona también que el convenio “presuntamente ilegítimo” adjudica la explotación comercial por 30 años y, si así lo desea la empresa, hasta por 60. Además, recuerda graves antecedentes de la empresa filipina International Container Terminal Services, integrante de la firma TecPlata S.A., con el Estado (ver aparte: “Una aventura con antecedentes”).
En sintonía con las denuncias, Marini recordó en diálogo con La Pulseada que esta firma multinacional se vio atraída por invertir en Argentina ya que “no se le exige tributar a nivel nacional ni tratar los barros contaminados removidos del río, como sí lo demandan otros países”.
Las obras continuaron. Las advertencias también. En 2011, desde el partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) se le reclamó al Ejecutivo que se realizaran estudios para determinar el impacto que producirá en el tránsito vehicular el nuevo transporte de carga. El reclamo parte de una ecuación simple: puede preverse la incorporación de 1.000 nuevos camiones circulando por la autopista La Plata-Buenos Aires, por la avenida 60, que une La Plata con Berisso, y por los caminos Rivadavia y Vergara, en el partido de Ensenada, para la utilización de la terminal de contenedores.
Igualmente, el año pasado, la presidenta de la comisión de Ecología y Medio Ambiente de la cámara de Diputados, Fernanda Antonijevic (FAP), visitó la zona del puerto acompañada por ambientalistas que se oponen al proyecto. Tras esta visita se elaboró, el año pasado, el pedido de informes al Ejecutivo para que mediante el OPDS informe, entre varias otras cuestiones, si las obras que se están llevando a cabo en la zona de paisaje protegido del monte ribereño (entre Berisso y Ensenada) están respaldadas por estudios de impacto ambiental.
Según la diputada Antonijevic, la situación es “preocupante”: “Toda la zona, principalmente en lo que corresponde a la isla Paulino y al monte Santiago, ha sido sujeta a un proceso de deforestación de importantes dimensiones, con el impacto ambiental negativo que esto conlleva para la zona considerada paisaje protegido”.
A esto se suma el dragado en la zona de las cuatro bocas y el “refulado” (el depósito de lo extraído) sobre el monte ribereño, que presenta altos niveles de contaminación; en el Canal Río Santiago se encuentran metales pesados y otras sustancias peligrosas como consecuencia de descargas provenientes del Arroyo El Gato, el Canal Oeste y Este. Se trata de cursos de agua contaminados por las actividades fabriles; es el caso de la destilería de YPF.
A pesar de estas observaciones, desde el OPDS se defiende la iniciativa a rajatabla. Su titular, Hugo Bilbao, refuta el trabajo de especialistas: “Podemos dar fe de que tanto la empresa como el Consorcio del Puerto toman los recaudos suficientes para que la obra cumplimente en su totalidad con la legislación y los parámetros amigables con el medio ambiente”, consideró recientemente el funcionario.
Los dardos de los ambientalistas también apuntan al Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, alineado al gobierno sciolista en la defensa de este megaproyecto. No obstante, el funcionario sostiene que desde su cargo también se está velando “por los intereses individuales y colectivos del pueblo bonaerense y, fundamentalmente, en términos de medio ambiente”.
Biodiversidad en peligro
Gran parte de las obras que demanda la construcción del puerto están transformando la zona, quizá de modo irreparable. Uno de los cambios más significativos es la destrucción del humedal del partido de Berisso. Los humedales son territorios de gran importancia que purifican el aire y el agua, y poseen una flora y fauna características.
Argentina es uno de los firmantes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convenio de Ramsar, firmado en esa ciudad en Irán, en 1971. A pesar de que ese convenio establece pautas de uso y conservación de estos territorios, gran parte del humedal de la ribera de la ciudad de Berisso (extendido en una franja costera de 180 kilómetros), está siendo destruido para levantar el puerto.
En Berisso se construyó una barrera de cemento en el borde costero. En diálogo con La Pulseada, la responsable del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la facultad de Ciencias Exactas, Alicia Ronco, explicó que este tipo de obras evita el escurrimiento del agua, el nuevo crecimiento del monte y que existen formas menos nocivas de construir que no fueron contempladas.
Marini alerta que la destrucción del humedal implica la pérdida de un filtro vital de los contaminantes que se encuentran en el río. “Esto afecta a toda la región, ya que el agua de red que se toma de este mismo lugar”, agrega.
En el plano provincial, las Islas Paulino y Santiago pasaron a ser paisajes protegidos por la ley provincial Nº 12756, sancionada en octubre de 2011. La regulación “tiene por objeto conservar la integridad natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de dicha zona”. Berisso y Ensenada son los encargados de su preservación. Pero las obras continúan avanzando.
Para permitir la entrada de barcos de gran profundidad se dragó el primer tramo del canal de acceso del río. El barro extraído, que posee hidrocarburos y otra serie de sustancias tóxicas, fue depositado en la isla Paulino. Este es uno de los hechos más contaminantes y podría haberse evitando de manera simple.
“La empresa encargada del dragado no quiso gastar dinero en depositar ese barro donde está aprobado hacerlo. Les era más barato tirarlo al monte para evitarse el traslado y así fue. Lo que no dicen es que si conquistan el suelo, si lo cementan, después pueden construir arriba. Están destruyendo el ecosistema”, sentencia Horacio Belústegui de la Fundación Biósfera de La Plata, que acompaña las demandas en defensa de la zona ribereña.
Para Somenson, el mayor impacto de los barros sobre el monte es sobre todo “la elevación del nivel del terreno por encima de la cota de inundación del río, lo que transformará de forma irreversible el humedal y monte ribereño”. Por eso considera fundamental que la OPDS convoque a la conformación del Comité de Manejo Ambiental del Paisaje Protegido, previsto por ley, para que exista “un espacio participativo e interinstitucional para la planificación y gestión de la reserva”. Concretar esto asomaría como un paso importante para frenar posibles proyectos —por ejemplo, inmobiliarios— que sigan destruyendo el monte.
Un reciente perfil de la isla realizado en el territorio por trabajadores sociales de la UNLP a partir de las reformas en el puerto y entregado a la municipalidad de Berisso observa el contraste entre “los intereses del puerto” y “los de los que viven en la isla, los berissenses en general y los residentes de Ensenada”. Lo más preocupante, según el informe al que accedió esta revista, es la contaminación y el hecho de que el “incremento del tránsito en el canal” desde este año desmorona los bordes de la isla. Para reparar y mantener los caminos piden “medidas urgentes” (ver más en nuestra web).
El cauce de la justicia
Mientras las máquinas avanzan en la destrucción de los bosques en las islas Paulino y Santiago, la justicia busca mediar en la construcción del puerto de contenedores. La causa está en manos de la jueza Civil y Comercial Gladys Mabel Cardoni y se originó con la presentación de un recurso de amparo impulsado por la fundación porteña Agronegocios, ligada a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires, al cual adhirieron las ONGs locales Nuevo Ambiente y Biósfera a través de un “amicus curiae” (una figura jurídica que permite a terceros involucrarse voluntariamente, como “amigos del tribunal”, para colaborar en la resolución del litigio aportando información o una opinión fundada).
Uno de los puntos centrales denunciados fue la inconsistencia del estudio de impacto ambiental. Entre sus cuestionamientos, se apuntó a que —como señalaba Somenson— fue confeccionado por un ingeniero civil y sin un equipo interdisciplinario, tal como amerita un trabajo de esta dimensión. Según los ambientalistas, el estudio muestra un desconocimiento en materia biológica, no detalla relevamientos de campo y omite actividades productivas en la región.
Aunque a paso lento, la causa está avanzando. Por ejemplo, se hicieron peritajes en la zona. En marzo se realizó una audiencia de la que participaron tanto los denunciantes y quinteros de la zona como el OPDS, el presidente del Puerto La Plata, Mariano Goyenechea, Carlos Bonicatto y directivos de la empresa TecPlata. En esa ocasión, las ONGs hicieron foco en el irreversible daño que supone volcar el refulado del dragado (el sedimento del fondo del río) sobre la isla Paulino e insistieron con la insuficiente información brindada por las autoridades provinciales.
Si bien la audiencia significó un paso adelante para los ambientalistas —hasta ese momento, la administración del Puerto y el OPDS les cerraban las puertas cuando pedían dialogar—, los denunciantes no se quedaron de brazos cruzados y solicitaron una nueva audiencia en la que intervenga la jueza Cardoni.
Lo que queda claro es que, ante el riesgo ambiental que implican las obras, el tiempo apremia. Así lo sintetiza Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: “El problema es que la degradación del ambiente avanza más rápido que la justicia”. Consultado por esta revista, Martínez denunció también el vuelco de casi un millón de litros de agua salada en forma diaria a unos de los canales que desemboca en el Río Santiago.
Mientras, Salvemos al Monte se reúne cada semana en Berisso para desarrollar estrategias de resistencia. “No queremos ceder nuestras tierras, ni imaginar que donde ahora hay una casa, mañana habrá un galpón o una playa de estacionamiento como el Dock Sud”. Marini entiende que la acción principal pasa por hacer circular la información que muchos vecinos desconocen. “Como asamblea y como habitantes de Berisso proponemos ser partes del diseño de nuestros territorios, dentro un plan de desarrollo sustentable e inclusivo —plantea—. Todos queremos un puerto pujante que dé trabajo, pero a las claras no es el modelo que se está realizando”.
