El Ordenamiento Territorial de Bosques nativos que impulsó el OPDS es denunciado de haber seguido intereses empresariales e inmobiliarios antes que una pauta de protección ambiental, como lo exige la Ley Nacional de Bosques, norma que solicita a las provincias dicho ordenamiento, a fin de que se acceda a un fondo destinado a preservar la flora autóctona. La semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
En el mapa se podrá ver la ínfima superficie que, según el OPDS, cubren los bosques nativos en la provincia. Dentro de la franja a proteger, se estableció un sistema “semáforo”: en el verde están autorizadas las intervenciones, en el amarillo se puede actuar con debidas autorizaciones, y en el rojo está la intromisión del humano está prohibida de manera irreversible.
Sin embargo, según denuncian distintos asambleístas, “las zonas fueron delimitadas según los intereses empresariales”, afirmó Leopoldo Barbieri de la asamblea de “No a la Entrega de la Costa de Bernal y Avellaneda”. Sus dichos así se confirmarían al existir en dicho mapa una “zona desprotegida” en medio de una franja arbórea nativa, que se “corresponde íntegramente con el emprendimiento inmobiliario de la empresa Techint”.
Casos similares fueron denunciados en otros puntos, como ser en Berisso, donde la ampliación portuaria -entendida como de “Bien Social” por las autoridades del OPDS- causó profundos daños ambientales en el monte de la selva marginal.
Por su parte, Juan Cruz Medina de la Red Socioambiental Regional señaló que “el Ordenamiento no se ciñe a la Ley Nacional de Bosques, la cual establece presupuestos mínimos para la continuidad de las áreas protegidas y para los cursos de agua“. Según entienden los asambleístas, “el ordenamiento no presenta continuidad en la franja boscosa, por lo que no respeta la Ley nacional en la cual se enmarca”.
Respecto a la novedad de que la norma recibió media sanción en la legislatura provincial, Barbieri afirmó que “la recibimos con indignación porque se ve que la mecánica del gobierno sigue siendo la de tomar decisiones a espaldas de la voluntad popular y en favor de los intereses económicos sobre la tierra pública”.
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