Publicado en El Mundo de Berisso 18/01/13

ASAMBLEA DE VECINOS Y PRODUCTORES FAMILIARES AUTOCONVOCADOS Monte en jaqueReunidos en Asamblea, vecinos y productores familiares realizan un dramático llamado a la comunidad y a las autoridades. Piden que se tome conciencia de los daños que sufre el monte ribereño y la Isla Paulino por la forma en que se desarrollan obras relacionadas con la proyección portuaria. En particular, exigen que se revise con urgencia el lugar y el modo en que se disponen los barros extraídos del lecho del río durante el dragado. Uno de los ejes en torno a los que gira la actividad del grupo es el de mantener informada a la comunidad acerca de los cambios vertiginosos que experimenta el monte, por la ejecución de trabajos relacionados con la proyección portuaria. Y los partes no son últimamente demasiado halagüeños: de no tomarse medidas urgentes, sostienen, el daño infringido será en breve insalvable. La Asamblea de vecinos y productores familiares autoconvocados “Salvemos al monte de Berisso” continúa con sus encuentros abiertos, que se realizan los viernes a partir de las 18:00 en el Parque Cívico, en la zona del monumento a los combatientes de Malvinas. Saben que no llevan las de ganar, sobre todo teniendo en cuenta los intereses en juego. Pero no se muestran dispuestos a arriar banderas; mucho menos a dejar de hacer oír sus puntos de vista, más allá de ciertas muestras de hostilidad de las que en algún momento fueron blanco. Barro tal vez El refulado sobre tierras del monte comenzó en la zona ubicada detrás del Gimnasio Municipal, entre el arroyo El Píccolo y la calle 12. Allí se crearon -en la margen del continente- dos recintos (el 1 y el 2) que comenzarían a alojar los barros resultantes de las acciones de dragado que se ejecutan en el canal de acceso al Puerto. El primero, describen desde la Asamblea, contaba con la aprobación requerida. Las dudas surgen en torno al segundo. “La zona es la de las famosas 35 hectáreas que generaron polémica en el Concejo el año pasado, tierras que el Puerto necesitaba utilizar, por lo que realizó un pedido al Municipio. Aunque la instalación del recinto requiere la previa aprobación de la OPDS, arrancaron igual”, advierten. Los trabajos, repasan, comenzaron en diciembre de 2011 y el pedido de autorización en lo que hace a impacto ambiental se presentó en marzo del año pasado. En paralelo, se avanzó en la apertura de calle 12 hacia el río, obra que dividió las tierras que trabajan varios productores. Por razones que en el grupo desconocen, los trabajos que se habían iniciado sobre la zona de calle 12 quedaron stand-by y se formuló un nuevo pedido para realizar el refulado sobre una zona de 20 hectáreas en Isla Paulino. Más allá de algunas observaciones menores, la OPDS dio aprobación al pedido. Es aquí donde los miembros de la Asamblea abren un paréntesis. El cuestionamiento tiene que ver con que en ninguna instancia -ni en la presentación de Puerto, ni en su consecuente aprobación- se tomó en cuenta que la zona aludida no está deshabitada, ni que los trabajos podrían generar un cambio estructural de los suelos, que afectaría tanto a la población humana como a flora y fauna nativas. Por eso, insisten en que antes de iniciar las tareas y para ajustarse a lo que marca la normativa vigente, debería haberse convocado a una audiencia pública.  “Claro. Se pide un estudio de impacto ambiental para la obra de dragado, que no es una obra que requiera de este tipo de instancia. Pero acá no hablamos sólo del dragado, sino del refulado que afecta a un recurso natural. De lo que se trata es de determinar sobre qué lugares se depositarán los barros que se extraigan del fondo del río”, argumentan integrantes de la Asamblea. Como están las cosas, explican, el cambio de cota que producirá el depósito de los barros en cuestión, cambiará definitivamente el nivel de nutrientes que históricamente exhibiera el suelo de la zona. “Acá el riego se realza con la inundación. Si cambian la altura, el agua dejará de llegar, cambiando por completo las características del suelo y obviamente la tradicional forma de producir”, señalan en la Isla productores de uvas y ciruelas. Los recintos para el refulado dispuestos en Isla Paulino serían los números 3 y 4 y conforme al relevamiento efectuado por miembros de la Asamblea, ya están llenos. “Ahora, para dar forma al recinto 5, empezaron a romper y salieron a la playa. No tenían idea de para dónde iban, ni tuvieron en cuenta que al romper una barrera natural generarían una erosión tremenda en la costa”, exponen, mencionando que las acciones por el momento se detuvieron. Materia en duda A lo antes expuesto, los integrantes de la Asamblea suman otro ítem que piden se tenga en cuenta: el de la posible toxicidad de los barros que se depositan en tierra. Las dudas ya dieron origen a una presentación judicial efectuada por la Fundación Biósfera y la ONG Nuevo Ambiente. Esa objeción habría sido la que detuvo por el momento las acciones en el quinto receptáculo. “Los técnicos de los diferentes organismos provinciales de control saben que esto está mal y a veces lo dicen, pero siempre alguien hace un guiño y los trabajos continúan”, se lamentan en el grupo berissense. A la vez, invocan un estudio técnico llevado a cabo sobre el tema en el seno de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en cuyas conclusiones se advierte que los valores de ciertos metales pesados e hidrocarburos son más altos que los aceptados, por lo que se recomienda la realización de estudios de toxicidad independientes, con el fin de determinar qué tipo de tratamiento deberían recibir y evitar potenciales efectos letales por la presencia de compuestos orgánicos tóxicos persistentes. Ante la duda, observan desde la Asamblea, que se debería haber realizado la disposición sobre geo-membranas, es decir mallas impermeables capaces de evitar el contacto de los barros con el suelo y las napas. Negocios son negocios La instalación de la nueva Terminal Portuaria ya es prácticamente un hecho. “Nadie está en contra”, aseguran desde la Asamblea, aunque insisten en que en organismos oficiales parecen no advertir ‘a qué costo’ se concretará, por ejemplo, la profundización del Dock Central. En este punto, argumentan que podrían haberse utilizado otros lugares para depositar el material retirado por la draga. Citan por ejemplo una alternativa que se barajó inicialmente: la de arrojar los barros río adentro, a más de mil metros de la costa, como lo hacen otros puertos. “Eso se desestimó, suponemos que por una cuestión de costo. A la vez se van rellenando tierras hasta hace poco inundables, inferimos que para una futura expansión portuaria o para algún proyecto de tipo inmobiliario que por ahora no conocemos”, exponen los asambleístas, al tiempo que recuerdan cómo se realizó el refulado en Isla Paulino, cuando se concretó un importante trabajo de dragado de las denominadas ‘Tres bocas’. “Desde lo que es el embarcadero hasta el faro, en los ‘80 era playa. Ahí se hizo aquel refulado, pero hoy hay monte porque nunca se superó la cota de inundación”, remarcan. Desde su perspectiva, en el caso actual, el material también podría haberse acumulado sobre la playa. “Podés perder uno, dos o tres años de veraneo, pero te garantizás que la isla siga creciendo hacia el río”, alegan. Como si los temores fueran pocos, asoma también el asociado a la rapiña a la que probablemente estará expuesto el monte y la Isla en el plano del negocio inmobiliario y de otros planos imaginables en conexión con el crecimiento portuario. El camino sinuoso de un siglo largo en el que convivieron en forma difusa propiedad privada, portuaria, municipal y provincial, sirve de antecedente para los peores presagios que se ensayan en la Asamblea, a los que no obstante oponen su luz de esperanza. “Estamos en tiempos en que se aprobaron varias leyes ambientales, se avanzó con el tema de los paisajes protegidos y de la protección de los humedales, incluso a nivel internacional. Si se necesita preservar una zona y la administra un puerto, está claro que a la larga será un puerto”, argumentan haciendo referencia a una zona del monte hoy jurisdicción portuaria. “En una época la zona era administrada por la Dirección de Islas. Hoy las leyes nacionales marcan que ninguna isla de la Argentina puede ser privatizada”, sostienen. “Nuestras quintas están en parte en tierras hoy en manos del Puerto; no somos dueños de esa tierra, por eso pagamos un cánon, que antes cobraba la Dirección de Islas y hoy cobra el Consorcio portuario”, exponen productores que participan de las actividades del grupo. Con cierta preocupación, revelan que luego de un contacto que mantuvieron con autoridades portuarias, se les revocó ‘transitoriamente’ el permiso de uso de las tierras que trabajan desde hace años. “Como Asamblea no nos recibieron; como productores sí. Nos dieron informes, resúmenes, pero no un informe ambiental”, manifiestan haciendo alusión a una recorrida que compartieron con las máximas autoridades del Consorcio, incluido su presidente, Mariano Goyenechea. “Les decíamos que partían en medio las quintas, pero ellos lo veían bien y nos hablaban de que iban a rellenar los terrenos, etc. Cómo veían que lo que queríamos era que no nos tiraran relleno, nos dijeron que no nos hiciéramos los rebeldes, que en tres años desaparecíamos”, advierten. La situación que atraviesan los productores fue expuesta en la Mesa Agropecuaria convocada por el Municipio. “La subsecretaria de la Producción nos dijo que había hablado con gente del Puerto y que le habían dicho que habían acordado cedernos las tierras. Pero momento: un ingeniero a cargo de una secretaría en un puerto, no puede disponer de tierras públicas. No puede ceder algo que no es de él”, concluyen. Mar Paulino Hace meses, comenzó a dar que hablar la rotura de una napa de agua salada en el lecho del río. “El hecho se conoció porque la situación afectó a la empresa YPF, que tiene ahí su toma para contar con el agua que utiliza por ejemplo en sus procesos de refrigeración. Los afecta porque se pueden tapar filtros que salen una fortuna”, citan integrantes de la Asamblea de vecinos y productores familiares autoconvocados. “Tenían que hacer entre 11 y 13 pilotines, a 35 metros de profundidad. Con el primero rompen la napa. Sabían de eso, pero no lo informaron, porque le iban a rebotar de entrada el proyecto”, consideran también. El caso es que por un sistema de mangueras y caños el agua salada sigue un camino incierto a los ojos del simple observador. “El agua salada va para el canal El Píccolo. Eso fluye constantemente. Supuestamente lo iban a confinar, pedimos información sobre eso, pero no hay. No sabemos ni siquiera quién está a cargo de los trabajos”, objetan integrantes del grupo.