Publicado en enSEMANA 07/03/13

La Justicia interviene en la construcción del Puerto de Contenedores de La Plata

La Justicia platense citó para mañana a grupos ambientalistas y a desarrolladores del Puerto de Contenedores de La Plata a reunión informativa, a la que también está previsto que asistan autoridades provinciales y de la Defensoría del Pueblo bonaerense, tras haber recibido denuncias por daño ambientan en el emprendimiento. La magistrada Gladys Mabel Cardoni, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de La Plata, tomó intervención en la demanda y denuncias públicas que llevan adelante grupos de ONGs ambientalistas de la región por la supuesta"contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago". Las organizaciones Nuevo Ambiente, Ala Plástica, Fundación Agroalimentos, junto a quinteros, productores de la Isla Paulino y la Asamblea Defendamos al Monte, denuncian que ciertas obras que impulsa el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata en el partido de Berisso para construir un puerto de contenedores en la cabecera de Río Santiago Este están provocando severos daños en el medio ambiente. Según se informó a la prensa, "un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió sobre el impacto ambiental negativo" de los trabajos de dragado de los fondos de los canales y su vuelco masivo en las Islas Paulino y Santiago, así como cortes de las cabeceras de las mismas islas, "obras avaladas por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata". Las denuncias ante la Justicia se centran por la presunta "contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago, producto de la gestión de las obras de la empresa TecPlata SA". Los ambientalistas sostienen que "la polémica por el talado de árboles por el Metrobus porteño en la (avenida) 9 de Julio y en (la feria) Tecnópolis es ínfimo frente al daño que hacen estas obras portuarias". Este viernes a las 10:00, los grupos ecologistas serán recibidos por la jueza Cardoni, quien citó también a autoridades del Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -órgano de contralor provincial-, la Defensoría del Pueblo bonaerense y representantes legales de Tecplata SA, de capitales filipinos, se informó a la prensa. Un comunicado divulgado este jueves señaló que un informe de la UBA "ya había advertido que debido a la contaminación medioambiental existente los barros extraídos del fondo del Río Santiago, deben ser analizados profundamente y en su caso, deben ser tratados en forma previa a su disposición final". "Pero al margen de esto, lo más importante es que esa disposición final no se debió hacer y no se puede hacer en las islas Paulino y Santiago, porque tienen un doble estándar de protección: son humedales y bosques, paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos en modo alguno", resaltaron los ambientalistas. (Noticias Argentinas)