Puerto La Plata
Intervención judicial
Tecplata avanza en sus obras, pero enfrenta una seria demanda de organizaciones ambientalistas que cuestionan el desmonte de las islas y la modificación de sus humedales. La Justicia tomó la denuncia y juntó a las partes
LA PLATA.- La puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores del Puerto La Plata podría complicarse si prosperan las denuncias contra el megaproyecto, realizadas por ambientalistas preocupados por el ecosistema de la zona.
El gobernador Daniel Scioli anunció que la terminal, que será administrada por Tecplata, comenzaría a operar en octubre. "Se trata de la obra portuaria más importante del país", dijo Scioli, durante la apertura de sesiones legislativas.
Según el último certificado de avance de la obra, el proyecto promedia el 80 por ciento de su ejecución. Una de las actividades más importantes es la del dragado del canal de acceso al puerto. Las tareas para ampliarlo tanto en profundidad (de 28 a 34 pies) como a lo ancho (de 60 a 100 metros) comenzaron en diciembre de 2011 y ya se ejecutaron en un 70 por ciento.
Pero no todo es color de rosa. El plan podría sufrir alguna demora si avanzan las denuncias de ambientalistas. Los manifestantes recalcan que el monte ribereño que caracteriza la costa del Río de la Plata en esa zona corre peligro debido a las obras.
Separadas por el canal de acceso al puerto se encuentran las islas Paulino y Santiago. "Ya se deforestaron 50 hectáreas de la Paulino [donde viven unas 20 familias] y unas 20 en Santiago para permitir que los buques puedan moverse", resaltó a LA NACION Martínez, de la ONG Nuevo Ambiente.
DRAGADO EN FOCO
El dragado del canal también está en la mira. Los ambientalistas denuncian que la disposición final de esos barros que se retiran del fondo del curso de agua (refulado) se realiza en las islas. "Este procedimiento no sólo afecta el suelo del monte, porque esas tierras tienen contaminantes, sino que evitará que el humedal se anegue. Y justamente éstas son tierras inundables que permiten filtrar el agua salada, lo que las convierte en un reservorio de agua dulce", se explicó.
Desde el gobierno bonaerense, el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, negó que el ecosistema del pulmón verde de la costa sufra consecuencias graves. "Nuestros expertos fiscalizan de manera regular a pedido del gobernador y el impacto de las obras se está dando dentro de los parámetros normales", dijo el funcionario a LA NACION.
El gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto, Rodolfo Rocca, reconoció, en diálogo con LA NACION: "Es cierto que cambiamos el lugar y deja de ser un humedal. Pasa a ser una zona no inundable". Para contrarrestar el impacto, indicó que se previeron actividades de compensación y remediación.
Según Rocca, sólo el 25% de la tierra removida se deposita en las tierras adyacentes al canal en recintos autorizados por la OPDS. "Son barros vírgenes, históricos, que comprobamos que no tienen contaminantes", indicó. El resto de la tierra removida, "que sí tendría restos vertidos por industrias", está poco consolidada, por lo que se la succiona y se la vuelca en el Río de la Plata en un lugar que autoriza la Nación.
LA TERMINAL
El ambicioso plan para la extensión de la terminal constituye uno de los de mayor envergadura realizado en los últimos años, en la provincia. Con una inversión privada aproximada de 400 millones de dólares, el proyecto permitirá, según la proyección para 2016, el movimiento de unas 300.000 TEU por año, aunque se descuenta que comenzará a operar con por lo menos un tercio de su capacidad.
El renovado puerto será, además, capaz de recibir buques de gran porte, muchos de los cuales arriban actualmente a terminales de Uruguay y Brasil. Los funcionarios calculan que por día unos 700 camiones circularán por la zona para transportar la mercadería.
La empresa Tecplata SA -conformada por la argentina Loginter, de Ricardo Román, y la filipina Ictsi- está a cargo del proyecto de la terminal polivalente y será la que la operará durante tres décadas.
EN EL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4
Una audiencia entre las partes
LA PLATA.- La jueza Gladys Mabel Cardoni, del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de La Plata, convocó a las organizaciones ambientalistas, a la constructora y a funcionarios bonaerenses a una audiencia para que hagan sus planteos. "No estamos en contra de la obra. Sólo buscamos que se respeten los mínimos cuidados ambientales", dijo a LA NACION el abogado de cinco de los productores que trabajan y viven en la isla Paulino, Hugo Represa. Los trabajadores y las organizaciones Fundación Biósfera, Nuevo Ambiente y Fundación Agronegocios y Alimentos denuncian que las islas son lugares amparados por la ley de paisaje protegido y son afectadas negativamente por los trabajos para el nuevo puerto. "Los daños en el ecosistema son innumerables y los quinteros ven perjudicadas sus producciones frutihortícolas", aseguran, y deberán aportar puntos de pericia donde habría que corroborar si existen consecuencias negativas de las obras.
LA PLATA.- La jueza Gladys Mabel Cardoni, del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de La Plata, convocó a las organizaciones ambientalistas, a la constructora y a funcionarios bonaerenses a una audiencia para que hagan sus planteos. "No estamos en contra de la obra. Sólo buscamos que se respeten los mínimos cuidados ambientales", dijo a LA NACION el abogado de cinco de los productores que trabajan y viven en la isla Paulino, Hugo Represa. Los trabajadores y las organizaciones Fundación Biósfera, Nuevo Ambiente y Fundación Agronegocios y Alimentos denuncian que las islas son lugares amparados por la ley de paisaje protegido y son afectadas negativamente por los trabajos para el nuevo puerto. "Los daños en el ecosistema son innumerables y los quinteros ven perjudicadas sus producciones frutihortícolas", aseguran, y deberán aportar puntos de pericia donde habría que corroborar si existen consecuencias negativas de las obras.
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